Instituciones psiquiátricas

Instituciones psiquiátricas
e instituciones para personas
con dificultades en el desarrollo
En diversos países, las personas confinadas en
instituciones psiquiátricas y en instituciones
para personas con dificultades en el desarrollo,
como el retraso mental, han sido sometidas a
malos tratos y han permanecido recluidas en
duras condiciones. Durante la Guerra Fría tam-
bién existió una gran preocupación en el ámbito
internacional sobre el internamiento obligatorio
de presos políticos en instituciones
psiquiátricas de la Unión Soviética, en las que
les administraban por la fuerza fármacos que les
producían desorientación y les causaban dolor.1
Recientemente se han recibido informes sobre
prácticas similares en China con respecto a
presos políticos, sindicalistas y miembros del
movimiento prohibido Falun Gong.2
Los Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la
Atención de la Salud Mental, aprobados por
la Asamblea General de la ONU en 1994, afirman
que toda persona que padece una enfermedad
mental tiene derecho a ejercer todos
los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales (principio 1). Los Principios
establecen salvaguardias sobre los procedimientos
para el ingreso involuntario en
instituciones psiquiátricas, que sólo puede permitirse
cuando existe «un riesgo grave de daño
inmediato o inminente para esa persona o para
terceros», para evitar «un deterioro considerable
de su condición», o para permitir que
Mujer en una celda de aislamiento
en el Hogar Social para
Adultos con Trastornos Mentales
de Sanadinovo (Bulgaria),
en octubre de 2001. Amnistía
Internacional pidió el cierre
permanente de la institución,
mencionando malos tratos y
duras condiciones. La celda de
aislamiento fue desmantelada
tras la visita de Amnistía Internacional,
y en mayo de 2002 el
gobierno búlgaro decidió cerrar
el centro. En diversos países,
las personas confinadas en centros
de salud mental e instituciones
para personas con retraso
mental han sido sometidas a
malos tratos y han permanecido
recluidas en condiciones deficientes
(véase el apartado
6.2.1). © MDRI
(Inserción) Brazo de una víctima
de violencia doméstica en
Hyderabad, Pakistán, en febrero
de 1999. La prohibición de la
tortura y los malos tratos puede
ampliarse a casos de violencia
en el seno de la comunidad y la
familia, al igual que ocurre con
la tortura bajo custodia del
Estado (véase el apartado 6.6).
©AI
reciban el tratamiento adecuado las personas
con una enfermedad mental grave y cuya capacidad
de juicio esté afectada (principio 16).
Podrá autorizarse un tratamiento sin el consentimiento
del paciente si se determina que es
«urgente y necesario para impedir un daño
inmediato o inminente al paciente o a otras
personas», pero un paciente involuntario de
una institución psiquiátrica nunca podrá ser
sometido a tratamientos psicoquirúrgicos u
otros tratamientos irreversibles o que modifiquen
la integridad de la persona; del mismo
modo, nunca podrá aplicarse la esterilización
como tratamiento de la enfermedad mental
(principio 11). La medicación sólo se suministrará
«con fines terapéuticos o de diagnóstico
y nunca como castigo o para conveniencia
de terceros (principio 10). Los Principios
también establecen salvaguardias con respecto
a la inmovilización física o el aislamiento
involuntario de los pacientes con enfermedades
mentales (principio 11), así como salvaguardias
relativas a cuestiones como la disponibilidad
de asesoramiento legal, el acceso a la
información, la libertad de comunicación, y
el derecho a presentar quejas (principios 18, 19,
13 y 21 respectivamente). El principio 2 dispone
que debe prestarse especial atención a la
protección de los derechos de los menores. En
estos Principios se hace referencia de forma
expresa al Conjunto de Principios para la Protección
de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión (Conjunto
de Principios sobre Detención), lo cual
indica que las salvaguardias establecidas en
este último instrumento deben aplicarse a las
152 Contra la tortura • Manual de acción
personas con enfermedades mentales privadas
de su libertad.
En su octavo informe general, el CPT estableció
criterios para el Internamiento involuntario
en establecimientos psiquiátricos,3
sobre cuestiones como los procedimientos para
el ingreso involuntario,4 la información a los
pacientes de sus derechos, las condiciones de
vida, el tratamiento psiquiátrico, la selección
y supervisión del personal para impedir los
malos tratos deliberados a pacientes y la inmovilización
de pacientes violentos o nerviosos.
Entre otras cosas, el CPT afirma que el uso de
instrumentos de inmovilización, como correas
y camisas de fuerza, «se justificará en raras
ocasiones» y «deberá ser siempre ordenado
expresamente por un médico o notificado inmediatamente
a un médico con el fin de que éste
lo apruebe»; deben ser «retirados a la más
mínima ocasión» y «nunca deben ser aplicados
como castigo ni prolongarse su aplicación con
este fin».5 Del mismo modo, «nunca deberá
utilizarse el aislamiento como castigo».6